El Colegio Dominicano de Periodistas y el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, se pronunciaron ayer en
contra de la intención de sancionar la difamación e injuria contra el
Presidente, Vicepresidente y otros funcionarios públicos, con penas de
dos a tres años de prisión en el Código Penal, al considerar que se
trata de una violación a la Constitución y al libre derecho de expresión
y difusión del pensamiento.
El presidente del CDP, Aurelio
Henríquez, pidió a los legisladores que estudian la modificación al
Código Penal a despenalizar los denominados delitos de prensa y
reflexionar en torno al hecho de que ya esas sanciones están
contempladas en la ley de expresión y difusión del pensamiento.
“Condenar a prisión a un periodista constituye una violación a la libertad de información y al derecho que tienen los ciudadanos a ser y estar informados, y el único profesional que está en el deber y capacidad para hacerlo es el periodista”, expresó.
De su parte, Olivo León, dirigente del SNTP, dijo que aprobar esos planteamientos “se constituiría en un gran retroceso, sobre todo cuando se trata de cuestionar a funcionarios públicos”.
Ayer, el Colegio de Periodistas se reunió con especialistas para tratar el tema. El debate se ha calentado en las últimas horas debido a que en las modificaciones propuestas, ya aprobadas en primera lectura por los diputados, se establece el tópico, en la sección VI sobre falsos testimonios, difamación e injuria públicas, en el artículo 193.
EFECTOS DE LAS PENALIDADES
En las modificaciones introducidas al Código Penal se penalizará con dos a tres años y multa de siete a nueve salarios las infracciones de difamación e injuria en contra, no solo de las figuras presidencial y vicepresidencial, sino de los senadores, los diputados, un juez del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, Superior Electoral, la Junta Central Electoral o uno de sus miembros, un miembro del Ministerio Público, el Procurador General de la República.
“Condenar a prisión a un periodista constituye una violación a la libertad de información y al derecho que tienen los ciudadanos a ser y estar informados, y el único profesional que está en el deber y capacidad para hacerlo es el periodista”, expresó.
De su parte, Olivo León, dirigente del SNTP, dijo que aprobar esos planteamientos “se constituiría en un gran retroceso, sobre todo cuando se trata de cuestionar a funcionarios públicos”.
Ayer, el Colegio de Periodistas se reunió con especialistas para tratar el tema. El debate se ha calentado en las últimas horas debido a que en las modificaciones propuestas, ya aprobadas en primera lectura por los diputados, se establece el tópico, en la sección VI sobre falsos testimonios, difamación e injuria públicas, en el artículo 193.
EFECTOS DE LAS PENALIDADES
En las modificaciones introducidas al Código Penal se penalizará con dos a tres años y multa de siete a nueve salarios las infracciones de difamación e injuria en contra, no solo de las figuras presidencial y vicepresidencial, sino de los senadores, los diputados, un juez del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, Superior Electoral, la Junta Central Electoral o uno de sus miembros, un miembro del Ministerio Público, el Procurador General de la República.
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