La iniciativa, cuya discusión está a cargo de la Comisión de Seguridad Social y Trabajo que dirige el senador José María Sosa, establece otras regulaciones salariales que tendrían al Ministerio de Administración Pública como órgano rector.
Entre las principales figura la que consigna que habrá un régimen de incentivos, determinado reglamentariamente en base a principios fundamentales de gestión por resultados establecidos en los planes operativos anuales y estratégicos institucionales.
Además, los gastos de representación quedarían limitados a un máximo de 15 por ciento y la asignación para combustible a 10 por ciento del salario, exceptuando al Presidente y el Vicepresidente de la República.
El salario de los cargos de confianza de los titulares de los órganos no podrá superar el de viceministro o subdirector general. La inflación será indexada cada tres años, a propuesta del Poder Ejecutivo.
Medidas Los funcionarios no podrán percibir ninguna otra remuneración ni ejercer funciones que conlleven remuneración o prestaciones de cualquier índole, excepto la docente.
Prohíbe la asignación y el uso de tarjetas de crédito, excepto al Presidente y Vicepresidente y a los presidentes de las cámaras legislativas y de la Suprema Corte de Justicia. Suprime todos los cargos de subsecretarios o viceministros sin atribuciones específicas asignadas por la ley.
Se establece una serie de prohibiciones de carácter ético, como participar en empresas que tengan contratos o convenios con el sector público, utilizar el cargo para obtener beneficios, solicitar gratificación por realizar gestiones de su cargo, obtener préstamos y contraer obligaciones con relacionados del cargo público. El titular del Ministerio, Ramón Ventura Camejo, dijo haber concentrado energías en la elaboración y promoción de la ley de salarios.
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