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miércoles, 17 de octubre de 2012

Rechaza decisión de Domínguez Brito de no investigar funcionarios sobre déficit fiscal

Santo Domingo
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), rechazó ayer la decisión del procurador general de la Republica, Francisco Domínguez Brito, de dejar sin efecto la solicitud de investigación contra varios funcionarios y exfuncionarios por el déficit fiscal
El coordinador general de ADOCCO, Julio César De la Rosa Tiburcio, calificó de “penoso y flaco servicio a la lucha contra la corrupción” los argumentos utilizados por Domínguez Brito, de que no tiene base legal la denuncia.
ADOCCO pidió que sean investigados el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, los ex ministros de Hacienda, Vicente Bengoa y Daniel Toribio y el ex director de Presupuesto, Luis Hernández para que respondan por el déficit presupuestario, en vista de que la estimación del déficit para el 2012 alcanzaría los RD$23 mil millones, llegando a la cifra de RD$155 mil millones como se pudo comprobar al momento de presentarle al país la propuesta de pacto fiscal.

De la Rosa Tiburcio dijo que ADOCCO duda sobre la advertencia del procurador de que el “ministerio público será fuerte en todos los casos de corrupción, sea quien sea, haciéndolo con madurez, discernimiento, con firmeza y la prudencia que manda la sabiduría y el cumplimiento”, por entender que en ésta, su primera oportunidad, Domínguez Brito “evidenció que no es posible investigar a funcionarios y ex funcionarios compañeros de partido”.
Dijo que la entidad de la sociedad civil le presentó al máximo representante del ministerio, publico como fundamento legal, que el Poder Ejecutivo no puede realizar ningún gasto que no esté establecido en la Ley de Presupuesto General del Estado, y que conforme a los datos ofrecidos, estaría gastando al cierre de 2012 la suma de RD$37,324 millones, más de lo aprobado en la modificación establecida en la ley número 174-12 del presupuesto complementario.
El Presupuesto para el año fiscal 2012, se aprobó mediante la Ley 294- 11, del 27 de octubre de 2011, por un monto de RD$430,001 millones, con un déficit de RD$22,444 millones, equivalentes al 0.9% del PIB.
Dijo que el papel del procurador es indagar con solo el rumor público todo acto contrario a la Constitución y las leyes, ya que él “no es juez para establecer quién es culpable o inocente”.

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